Ante la ola de violencia desatada por el crimen organizado, en especial el dedicado al narcotráfico, el gobierno federal ha asumido una política de militarización de la seguridad pública, justificando dicha acción, dado el alto índice de corrupción en las polícias estatales y municipales. Las preguntas a esta estrategia son ¿es adecuado colocar al Ejército en labores que competen al ambito de la seguridad pública de la seguridad nacional? ¿Ante la inmensa corrupción de las policías municipales y estatales es preferible desaperecerlas y en su lugar colocar a miembros del ejército?
Colocar al Ejército en labores de seguridad pública, tiene una serie de riesgos que no se han analizado y que su incorporación pronta y sin estrategia, nos habla de una acción desesperada por no saber cómo reaccionar ante un problema que pone en riesgo a la población y al propio Estado. Primero hay que analizar si el Ejército es el órgano más adecuado para combatir al crimen organizado, así como el menos incorruptible. En lo que cabe a su capacitación posee en algunos casos mayor entrenamiento, pero carecen del entrenamiento para tratar con la sociedad civil, por lo que ha llevado ha que se hallan cometido innumerables violaciones a los derechos humanos, así como muertes de civiles inocentes. En lo que corresponde a su incorruptibilidad, está puesta en duda por los varios mandos militares que se han visto involucrados con el narcotráfico, incluidos los estrategas de combatir el crimen organizado.
Lo anterior nos muestra que la estrategia de involucrar al Ejército en labores de seguridad pública no resulta la más adecuada. Pero por otro lado, es importante hacer una revisión histórica de las labores que el Ejército ha asumido desde la constitución del Estado en el siglo XX, consolidado por el Partido Revolucionario Institucional. La muerte de Álvaro Obregón y el gobierno de Ávila Camacho, subordinó al Ejército al poder presidencial y civil, lo que significó un gran avance en comparación con otros gobiernos de Sudamérica que se vieron asediados por golpes militares y dictaduras sangrientas. Sin embargo, la doctrina del ejército mexicano en un contexto no democrático y autoritario, fue erradicar toda amenaza a la estabilidad y permanencia del grupo en el poder. Lo que significó una sistematica violación a los derechos humanos y la represión de innumerables movimientos sociales. Esta actuación a la larga significó un desprestigio del Ejército y una disminución del poder, del grupo gobernante.
De modo que colocar al Ejército en un contexto diferente al vivido durante el régimen priísta, sin que este haya asimilado los cambios que ha vivido la sociedad y el Estado, significa poner de nuevo en riesgo la credibilidad de una institución encargada de preservar la seguridad nacional. Pero aún más grave es poner en riesgo la integridad de la población frente a un Ejército que no se asume como preservador de un estado democrático y respetuoso de los derechos humanos.
Al carecer de una estrategia adecuada de combate al crimen organizado, no sólo se pone cada vez más en riesgo la integridad de la población, sino la propia conservación del Estado. Ya que ante un desprestigio mayor del Ejército, el apoyo de la sociedad disminuye y sucede en algunos casos que la base social del crimen organizado aumenta.
Para contestar a la pregunta si ¿es preferible desaparecer las policias municipales y estatales y colocar al Ejército al frente? En primer lugar pone en riesgo el carácter federalista, el cual no se ha logrado consolidar, pero que se ve disminuido al no fortalecer a municipios y estados; por otra parte, se hablaría de eliminar los cuerpos policiacos, concebidos para el resguardo de la seguridad pública. En todo caso, se debería reestructurar y limpiar el personal policial, pero no sólo eso sino ir en contra de los presidentes municipales y en algunos casos gobernadores coludidos con el narcotráfico.
Por lo tanto, podemos observar que se careció de una estrategia adecuada para el combate al narcotráfico, por otro lado podemos observar que se actuó más por el efecto mediático, que por una acción concertada y pensada para el combate al crimen organizado. Las labores de inteligencia es aquí donde deben jugar un papel fundamental, para dar contra el corazón del crimen organizado, más que combatir cuerpo a cuerpo contra los sicarios, se debe investigar las redes de poder que protegen a los líderes, el flujo de dinero, la aprehensión de los principales dirigentes y una estrategia a nivel internacional con otros países para eliminar la red del crimen organizado.
Lo anterior, con una reforma al sistema judicial, que le dote de plena autonomía y de controles de transparencia y rendición de cuentas, podrán orquestar una estrategia adecuada contra el crimen organizado. Concentrar todo en el Ejército es lanzar balas de salva. El actual gobierno y los posteriores deben tomar consciencia de que estamos en aras de un estado democrático, que este no se puede poner en riesgo con una estrategia que militarice, que disminuya el espacio público y la actividad cotidiana de los habitantes de este país.
Como sociedad civil, nos corresponde defender el espacio público y hacer frente no al crimen organizado, sino a una estrategia del Estado que pone en riesgo nuestras garantías individuales, y que a la vez puede significar un grave retroceso para el avance democrático que la mayoría pretendemos para este país.
